En el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la jueza tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió enviar a la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz a una guarnición militar en lugar de una cárcel, mientras avanzan las investigaciones en su contra por lavado de activos y tráfico de influencias.

Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación había solicitado que Ortiz fuera trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, argumentando que su libertad representaba un riesgo para el proceso judicial y para otras personas involucradas. Sin embargo, la jueza reconsideró la medida, priorizando la protección de la vida y la integridad de Ortiz.

“Se dispone el traslado de la señora Sandra Ortiz a una guarnición militar para garantizar su derecho a la vida y su bienestar personal. Se solicita a la Policía Nacional asumir la responsabilidad de su protección”, afirmó la jueza.

Además, se le encomendó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la tarea de identificar un centro penitenciario con condiciones adecuadas que brinden garantías de seguridad para la exfuncionaria. La decisión se dio tras conocerse que en El Buen Pastor no existe un pabellón que cumpla con estas condiciones.

El caso de Ortiz está relacionado con el presunto desvío de recursos públicos destinados a sobornos para lograr la aprobación de reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, un tema que sigue generando fuertes reacciones en la opinión pública.