La región del Catatumbo, Norte de Santander, enfrenta una crisis de seguridad que ha dejado, hasta el momento, más de 30 muertos, 70 familias desplazadas y varios heridos. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han generado un retroceso en derechos humanos, según reportó la Defensoría del Pueblo, que califica la situación como “de extrema gravedad”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro se trasladó a Tibú acompañado de altos funcionarios para liderar un consejo de seguridad en el Puesto de Mando Unificado (PMU). Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que se analiza la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior o emergencia económica, lo que le otorgaría al Gobierno facultades extraordinarias para enfrentar la crisis.

El estado de conmoción interior, contemplado en el artículo 213 de la Constitución, permite al presidente suspender leyes, restringir el libre movimiento de ciudadanos e imponer toques de queda, entre otras medidas, cuando se presenta una grave alteración del orden público que no pueda ser controlada con los mecanismos ordinarios.

Por ahora, el Gobierno Nacional busca medidas que puedan mitigar la situación, mientras las comunidades en riesgo denuncian desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y confinamiento de niños y personas con discapacidad, lo que agrava el panorama de derechos humanos en la región.