La Contraloría General de la República presentó un informe que expone la crítica situación financiera que enfrenta el sistema de aseguramiento en salud en Colombia. Según el reporte, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los programas de salud de las cajas de compensación familiar acumulan millonarias deudas con hospitales, clínicas y demás prestadores, lo que compromete seriamente la atención a los usuarios.

El ente de control advierte que existe un deterioro generalizado de la sostenibilidad financiera en estas entidades, al tiempo que denuncia un incumplimiento persistente de las obligaciones contractuales, lo cual ha incrementado las barreras de acceso al sistema para millones de colombianos.

Uno de los hallazgos más graves es el crecimiento desmesurado de la cartera vencida de las EPS con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores de tecnologías, un pasivo que representa un riesgo sistémico para la viabilidad del modelo actual.

Pese a que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) aumentó los giros a las EPS —pasando de $78 billones en 2023 a más de $87 billones en 2024, un incremento del 12 %—, el informe evidencia que estos recursos no se han traducido en mejoras sustanciales ni en pagos oportunos a clínicas y hospitales.

Además, 12 de las 29 EPS activas se encuentran bajo medidas de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Coosalud, Famisanar y Emssanar, que en conjunto concentran el 59,2 % de los afiliados del país.

La situación de Nueva EPS resulta particularmente preocupante. Con más de 10 millones de afiliados, la entidad —hoy intervenida— presenta un patrimonio negativo y no cuenta con estados financieros certificados, además de tener un alto riesgo de insolvencia, lo que podría comprometer la atención para una parte significativa de la población.

La Contraloría también cuestionó la efectividad de las intervenciones forzosas aplicadas por la Superintendencia de Salud, señalando que en muchos casos no han logrado corregir los problemas estructurales y financieros de las EPS.