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La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo giro al escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al compulsar copias a la Fiscalía General para que investigue a once funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida fue adoptada por el despacho del magistrado Misael Rodríguez.
Entre los señalados se encuentran el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los exministros Gloria Inés Ramírez, Mauricio Lizcano, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, este último exministro de Hacienda. También se ordenó investigar a Carlos Ramón González, exfuncionario del gobierno y actualmente prófugo de la justicia tras ser vinculado formalmente al entramado de corrupción.
La decisión se da en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal contra congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes habrían recibido millonarios proyectos de la UNGRD a cambio de respaldar los créditos solicitados por el Gobierno Nacional en el Congreso.
La compulsa de copias se produjo un día después de la extensa declaración rendida por María Alejandra Benavides Soto, exasesora del entonces ministro Bonilla, ante la Sala de Instrucción de la Corte.
Los congresistas implicados en la investigación original son Liliana Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera.
De acuerdo con testimonios recogidos en el proceso, los parlamentarios habrían recibido beneficios en forma de contratos dirigidos a la atención de emergencias, a cambio de apoyar iniciativas de endeudamiento del Ejecutivo en el Legislativo.
El escándalo de la UNGRD, que ha salpicado a varios altos funcionarios y legisladores, se ha convertido en uno de los principales frentes de crisis política del actual Gobierno.
