Menu
Es la primera vez que la justicia transicional sanciona sin cárcel a integrantes de la Fuerza Pública por crímenes de lesa humanidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso este jueves sanciones restaurativas a 12 exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar, responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cometidos en la Costa Caribe.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, calificó la decisión como un hito en la búsqueda de verdad y justicia, al sancionar a quienes, teniendo el deber de proteger a la población, incurrieron en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Las penas, que oscilan entre 5 y 8 años, implican actividades restaurativas como búsqueda de cuerpos, restauración de lápidas y apoyo a comunidades, además de restricciones de movilidad. No contemplan cárcel, aunque la JEP aclaró que se aplicaron descuentos por tiempo cumplido en la justicia ordinaria.
La JEP determinó que las muertes respondieron a una práctica estructurada: alianzas con las AUC para reportar supuestos combatientes muertos y el asesinato de personas vulnerables, como campesinos, indígenas o habitantes de calle, para presentarlos como bajas en combate.
De las 135 víctimas, seis eran afrodescendientes y 14 indígenas —10 Kankuamos y 4 Wiwas—, incluidas una menor de edad y una madre cabeza de hogar. El fallo catalogó estos hechos como violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y crímenes de lesa humanidad.
