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En una decisión sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña Petro Presidente 2022 luego de determinar que incurrió en múltiples irregularidades financieras, entre ellas la superación de topes de ingresos y gastos, la recepción de financiación prohibida y la manipulación de reportes contables durante las dos vueltas presidenciales.
La ponencia fue aprobada con una votación de 6 a 3, respaldada por los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz (ponente), Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.
El CNE determinó que la campaña vulneró los topes fijados por la Resolución 0694 de 2022:
En total, la campaña deberá devolver más de $3.150 millones por gastos no reportados, exceso de topes y costos indebidos del cierre de campaña.
Entre los aportes no reportados se encuentran pagos a testigos electorales por $931 millones en la primera vuelta y $177 millones en la segunda, gestionados por la empresa Ingenial Media S.A.S.
La campaña también recibió financiación de personas jurídicas, prohibida por ley. Entre los casos más relevantes están:
El CNE también documentó maniobras contables, como la exclusión temporal de una factura de Caracol TV por $356 millones y la subvaloración del evento de cierre en el Movistar Arena. La campaña reportó $150 millones, pero omitió $100 millones pagados por ServiRed S.A.S., lo que configura financiación de persona jurídica y un gasto posterior al cierre oficial de campaña.
El organismo declaró responsables al entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso y a la auditora María Lucy Soto Caro. En el caso de Roa, se concluyó que actuó con dolo en la omisión del costo real del cierre de campaña.
Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP) también fueron sancionadas con multas de $194 millones cada una por permitir o tolerar la violación de topes y la financiación con recursos prohibidos.
El fallo marca la primera vez que el CNE sanciona una campaña presidencial en Colombia y abre un nuevo capítulo en la vigilancia y transparencia de la financiación electoral, en un país donde tradicionalmente los controles han sido débiles o tardíos.
