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El debate sobre la declaratoria de Emergencia Económica en Colombia llegó oficialmente a la Corte Constitucional. El Consejo Gremial Nacional radicó este 13 de enero de 2026 una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica.
La petición, contenida en un documento de 29 páginas, fue dirigida al presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y busca que la Sala Plena frene temporalmente la norma mientras se realiza el control de constitucionalidad de fondo.
El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, bajo el argumento de atender una situación económica extraordinaria. No obstante, para el Consejo Gremial, esta facultad excepcional requiere no solo control posterior, sino una suspensión inmediata para evitar eventuales abusos de poder.
La solicitud fue presentada por Camilo Armando Sánchez Ortega, presidente y representante legal del Consejo Gremial Nacional, quien pidió que, de suspenderse la declaratoria de emergencia, también se suspendan todos los decretos que se expidan con base en ella.
Según el documento, permitir que el decreto madre siga vigente podría generar efectos jurídicos y económicos irreversibles, incluso si más adelante la Corte lo declara inexequible.
El Consejo Gremial argumenta que la suspensión provisional es necesaria para proteger pilares del Estado de derecho como la separación de poderes, el principio democrático y la reserva de ley, especialmente en materia tributaria.
Además, sostiene que no existe una afectación al interés general si se suspende temporalmente la emergencia y que, por el contrario, se fortalece el control constitucional y se evita la elusión de los mecanismos ordinarios de debate legislativo.
Finalmente, el gremio advirtió que la emergencia económica, tal como fue planteada, puede generar distorsiones económicas e inseguridad jurídica, factores que podrían impactar negativamente la inversión y el normal funcionamiento del sistema económico colombiano.
