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El reciente incremento del 23 % del salario mínimo volvió a poner sobre la mesa el debate sobre su impacto en el costo de vida. Frente a este escenario, la Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que no permitirá prácticas abusivas en la fijación de precios y anunció un refuerzo en sus labores de vigilancia y control.
En un comunicado, la entidad recordó que su rol como autoridad de competencia y protección al consumidor implica garantizar que el mercado funcione con racionalidad y respeto por los derechos de las personas. Si bien el modelo económico colombiano reconoce la libre iniciativa privada, la SIC subrayó que existen límites claros.
Entre las conductas prohibidas se encuentran la fijación de precios inequitativos o excesivos, la coordinación de aumentos entre competidores y las presiones indebidas ejercidas desde asociaciones o agremiaciones. En ese sentido, la entidad indicó que estará atenta a las denuncias que se presenten tras el ajuste salarial para detectar eventuales afectaciones a la libre competencia.
La Superintendencia reiteró que el Estatuto del Consumidor protege a los ciudadanos frente a prácticas como la publicidad engañosa, cláusulas abusivas y el incumplimiento de garantías, y enfatizó que cualquier incremento de precios debe estar debidamente justificado y comunicado de manera transparente.
En el sector vivienda, la SIC recordó que sigue vigente la Circular No. 4 de 2024, aplicable desde febrero de 2025, que obliga a constructoras y promotores a fijar y publicitar los precios de los proyectos inmobiliarios en pesos colombianos, conforme a la Ley 1480 de 2011. Como parte de esta supervisión, la entidad solicitó información a más de 20 constructoras.
Adicionalmente, desde la Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología Legal se anunció el refuerzo de la vigilancia en los regímenes de libertad regulada y control de precios, especialmente en medicamentos y dispositivos médicos, un mercado en el que la SIC supervisa cerca de 36.000 productos.
La entidad concluyó que adelantará todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de los consumidores, preservar el equilibrio del mercado y sancionar cualquier práctica que distorsione injustificadamente los precios.
