El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunció públicamente que sus comunicaciones personales y profesionales habrían sido interceptadas de manera ilegal desde estructuras del propio Estado, en un caso que sacude al alto Gobierno y reabre el debate sobre el uso indebido de la inteligencia estatal.

Idárraga aseguró en el Reporte Coronell de Caracol Radio que un informe forense, elaborado por una empresa internacional a su solicitud, concluye que la orden de interceptación habría salido del Ministerio de Defensa, presuntamente utilizando recursos de gastos reservados y capacidades de contrainteligencia militar. “No confío en el ministro Sánchez”, afirmó.

El funcionario explicó que las interceptaciones comenzaron cuando se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia y adelantaba investigaciones sobre posibles nexos entre integrantes del Ejército y grupos armados ilegales, incluidos disidentes de las Farc. Según su testimonio, no solo fueron intervenidas sus conversaciones laborales, sino también comunicaciones privadas con su familia.

Idárraga relató que detectó anomalías en su celular, como la reaparición de mensajes ya leídos y la vinculación remota de dispositivos desconocidos a sus cuentas. El informe forense señala que aplicaciones cifradas como WhatsApp, Signal, Telegram y Line habrían sido decodificadas.

Uno de los documentos que sustenta la denuncia es una orden del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM), emitida el 11 de noviembre de 2025, en la que se menciona a Idárraga como receptor de información reservada, lo que, según él, demuestra que las Fuerzas Militares conocían de sus investigaciones mientras lo consideraban una “amenaza interna”.

El ministro sostuvo que las interceptaciones serían una represalia por investigar hechos de corrupción y un mecanismo de intimidación. Por ello, informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, confirmó que puso en conocimiento del caso al presidente Gustavo Petro, quien —según relató— expresó preocupación por los hallazgos. No obstante, Idárraga afirmó que decidió hacer pública la denuncia ante el temor de una campaña de desprestigio en su contra y manifestó su desconfianza frente al sistema estatal para esclarecer los hechos.