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Una investigación de EL COLOMBIANO reveló nuevos elementos sobre un presunto esquema de obtención de títulos académicos irregulares en la Fundación Universitaria San José, mediante supuestas “homologaciones” que permitirían reducir drásticamente el tiempo de formación, pasando de programas de cuatro o cinco años a solo seis meses.
Según el medio, el costo para acceder a estos procesos llegaría a $20 millones, a través de gestores que funcionan bajo un sistema de referidos y que contactan a los interesados mediante cadenas informales y chats de WhatsApp.
Los intermediarios, de acuerdo con varias fuentes citadas, ofrecerían trámites presentados como “validaciones internas” o “homologaciones”, omitiendo requisitos académicos esenciales.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la existencia de facturas electrónicas registradas ante la DIAN, las cuales indicarían que el pago ingresó directamente a la universidad, con correos del área contable y el NIT de la institución.
Este elemento resulta clave porque abre dos escenarios:
La denuncia se da en medio de un debate nacional impulsado por congresistas como Catherine Juvinao, quien advirtió de un posible “cartel de diplomas irregulares” en el que se habrían identificado 24 casos en 16 entidades públicas, con contratos que superarían los $1.100 millones.
La alerta gira especialmente alrededor de dos modalidades:
Uno de los casos más mencionados es el de Héctor Julio García Orduz, funcionario de la DIAN, quien habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día.
Otro episodio clave es el de Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno Petro, cuyos títulos fueron retirados tras confirmarse irregularidades. Según la denuncia de la representante Jennifer Pedraza, existirían facturas DIAN emitidas incluso después de la fecha de otorgamiento del título, lo que sugiere una posible regularización administrativa posterior.
Además, el tema alcanzó el entorno presidencial tras conocerse cuestionamientos a Nelfy Melo, secretaria privada del presidente Petro, quien se defendió asegurando que cursó materias y cumplió requisitos dentro de un proceso de homologación.
De acuerdo con el abogado Miguel Ángel Ruiz, quien representa casos de personas vinculadas a este tipo de procesos, el delito de mayor gravedad sería el fraude procesal, si el título se usa para inducir a error al Estado y acceder a contratos o cargos.
También se menciona la posible concurrencia de delitos como:
El caso ya tendría rutas judiciales abiertas y, en paralelo, el Ministerio de Educación anunció la apertura de actuaciones administrativas contra la institución tras inspecciones que habrían detectado expedición de títulos sin requisitos legales, incluido Saber Pro.
