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Un total de 49 oficiales superiores, entre coroneles y mayores, fueron retirados recientemente del servicio activo en el Ejército Nacional de Colombia, en medio de una serie de cambios internos en la estructura de la Fuerza Pública bajo el gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con reportes conocidos, los retiros se produjeron mediante la figura de “llamado a calificar servicios”, aplicada a uniformados con más de dos décadas de trayectoria.
Este movimiento se suma a la reestructuración iniciada en agosto de 2022, periodo en el que han salido cerca de 79 generales y almirantes de las Fuerzas Militares.
En paralelo, las cifras reflejan una reducción del pie de fuerza: entre 2021 y 2025, el número de uniformados pasó de 459.695 a 402.228, lo que representa una disminución cercana al 13%.
Expertos señalan que la salida simultánea de oficiales con experiencia podría generar efectos en la operación militar, especialmente en la planeación táctica y la coordinación territorial.
Los coroneles, en particular, cumplen funciones clave en la dirección de unidades y en la articulación con autoridades locales, por lo que su retiro masivo genera inquietudes sobre posibles vacíos en la cadena de mando.
Aunque los retiros cuentan con respaldo en resoluciones oficiales, han surgido dudas sobre los procedimientos internos, especialmente en relación con los tiempos de las juntas asesoras y los criterios de selección.
También se ha mencionado un presunto papel de la Dirección Nacional de Inteligencia en estos procesos, aunque esta entidad no tiene competencia formal en decisiones de carrera militar.
Por su parte, el Ejército ha defendido la legalidad de los procedimientos, señalando que cada retiro cuenta con expediente individual y que las decisiones se ajustan al marco normativo vigente.
La salida de los oficiales ocurre en un momento especialmente sensible para el país en materia de orden público, lo que ha intensificado el debate sobre el impacto de estas decisiones en la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.
