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La defensora del pueblo Iris Marín rechazó de manera contundente el anuncio realizado por el Ejército de Liberación Nacional sobre un supuesto “juicio revolucionario” contra cuatro funcionarios del CTI y de la Policía Nacional secuestrados en Arauca desde 2025.
La funcionaria calificó como “inadmisible” la actuación del grupo armado y recordó que ningún actor ilegal tiene legitimidad para imponer condenas o justificar la privación de la libertad de personas.
Marín insistió en que el secuestro está prohibido por el derecho internacional humanitario y reiteró que la liberación de los funcionarios debe producirse de forma inmediata e incondicional.
“El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad”, aseguró la defensora del pueblo al referirse al comunicado divulgado por el Frente de Guerra Oriental del ELN.
La defensora también pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro fortalecer el acompañamiento institucional a las familias de los secuestrados.
Según explicó, los familiares han manifestado sentirse solos durante el proceso y reclaman mayor respaldo del Estado frente a la situación humanitaria.
El pronunciamiento de la Defensoría se conoció luego de que el ELN difundiera videos y documentos en los que asegura haber impuesto supuestas condenas de “prisión revolucionaria” contra dos funcionarios del CTI y dos agentes de la Dijín secuestrados en Arauca.
Diversos sectores han advertido sobre el riesgo de normalizar este tipo de discursos utilizados por organizaciones armadas ilegales para justificar secuestros prolongados y presionar negociaciones humanitarias.
