
El ministro de Igualdad, Alfredo Acosta, reconoció públicamente las dificultades y errores que ha enfrentado la cartera durante el gobierno de Gustavo Petro, en medio de fuertes cuestionamientos por la baja ejecución presupuestal y las denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas.
Durante una intervención reciente, Acosta explicó que el Ministerio de Igualdad atraviesa un proceso de reorganización interna y aseguró que el Gobierno se encuentra “aprendiendo” de los errores cometidos.
“Hay baja ejecución porque se está reestructurando, reorganizando, precisamente por eso queremos mantenerlo. Para aumentar la ejecución”, afirmó el funcionario.
Posteriormente agregó: “Uno tiene que aceptar que ha habido errores. Y resulta que de los errores aprendemos. Estamos aprendiendo del error”.
Las declaraciones revivieron las críticas de sectores de oposición y dirigentes políticos que cuestionan el funcionamiento del ministerio desde su creación.
Una de las voces más fuertes ha sido la de Paloma Valencia, quien denunció que el Ministerio de Igualdad habría ejecutado apenas un promedio del 8,8 % de sus proyectos de inversión durante los últimos cuatro años.
Según la candidata presidencial, de los $2,8 billones manejados por la cartera, más de $2,1 billones fueron trasladados a un denominado “Fondo Paralelo”, del que —asegura— no se conocen resultados concretos para las comunidades.
Valencia también denunció presuntas irregularidades en contratación, señalando que entre el Ministerio y el Fondo habrían sido vinculadas más de 5.000 personas, muchas de ellas a través de contratos temporales y esquemas que calificó como “corbatas”.
Asimismo, cuestionó millonarios contratos destinados a logística y eventos, así como convenios con universidades públicas para diseñar políticas que, según afirmó, deberían ser ejecutadas directamente por la cartera.
El debate también gira alrededor del perfil del ministro Alfredo Acosta, cuya hoja de vida generó controversia debido a que su formación académica llega hasta el bachillerato y su experiencia principal ha estado ligada a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Desde sectores afines al Gobierno defienden la existencia del Ministerio de Igualdad como una herramienta para cerrar brechas sociales históricas. Sin embargo, desde la oposición insisten en que la entidad se convirtió en un foco de burocracia con bajos resultados en ejecución.
El futuro jurídico y político del ministerio también sigue en discusión, luego de acciones judiciales impulsadas por Paloma Valencia y otros sectores que buscan desmontar la entidad argumentando presuntos problemas de eficiencia y legalidad.
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