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El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advirtió sobre graves riesgos para las elecciones presidenciales en Colombia tras identificar amenazas electorales en más de 700 puestos de votación distribuidos en 15 departamentos del país.
El informe, titulado Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026, analizó el comportamiento electoral durante las elecciones legislativas y concluyó que persisten prácticas de presión, control territorial y constreñimiento al voto en varias regiones.
Según la investigación, las alertas se concentran especialmente en departamentos como Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó, donde observadores documentaron presencia de actores armados, limitaciones a la movilidad, amenazas y mecanismos de compra de votos.
El estudio señaló que 722 puestos de votación —que agrupan más de 327 mil votos potenciales— presentan algún nivel de riesgo electoral y podrían afectar a cerca de 500 mil ciudadanos habilitados para votar.
Uno de los hallazgos más preocupantes tiene relación con la llamada “paz mafiosa”, concepto utilizado por el ICP para describir territorios donde el control criminal sobre la población ya estaría consolidado, reduciendo incluso la necesidad de violencia visible.
El informe también reveló que la compra de votos dejó de ser una práctica aislada para convertirse en un “mecanismo estructural de captura electoral”.
De acuerdo con los testimonios recopilados, en distintas regiones del país se ofrecían pagos entre 20 mil y 500 mil pesos a cambio del voto, utilizando mecanismos de verificación como fotografías del certificado electoral o comprobantes de votación.
Entre los casos documentados aparece San Vicente del Caguán, Caquetá, donde circuló un mensaje de WhatsApp que pedía a líderes comunales exigir certificados electorales bajo amenaza de sanciones.
En Guaviare, observadores denunciaron panfletos atribuidos al Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, en los que se imponían restricciones de movilidad y controles relacionados con las elecciones presidenciales.
Otro de los hechos señalados ocurrió en El Tarra, Norte de Santander, donde se reportó presencia de grupos armados cerca de puestos de votación.
Asimismo, en municipios del Cauca como Guapi y López de Micay, el informe denunció presunto acompañamiento indebido a votantes y registros sobre las opciones marcadas en las urnas.
En Bajo Baudó, Chocó, la investigación reportó denuncias de presión sobre comunidades indígenas y entrega de incentivos económicos a cambio de certificados electorales.
El ICP pidió a las autoridades electorales, organismos de seguridad y misiones internacionales reforzar la vigilancia y el monitoreo en las regiones identificadas como de mayor riesgo.
“La interferencia criminal sobre el voto libre no requiere mostrarse para incidir; le basta con condicionar a quién, cómo y bajo qué condiciones se vota”, concluyó el informe.
