El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada contra el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como superintendente Nacional de Salud, designado por el presidente Gustavo Petro.

La acción judicial fue interpuesta por la Alcaldía de Medellín y respaldada por directivos del Hospital General de Medellín, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín, quienes cuestionan que Quintero cumpla con los requisitos académicos y de experiencia exigidos para ejercer el cargo.

Según la demanda radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado el pasado 27 de abril, el exmandatario no tendría la formación especializada ni la trayectoria profesional relacionada con la administración y regulación del sistema de salud colombiano.

Los demandantes argumentan que, aunque Quintero ocupó cargos en entidades como Innpulsa y el Ministerio TIC antes de llegar a la Alcaldía de Medellín, esas funciones no tendrían el nivel de especificidad requerido para dirigir la Superintendencia Nacional de Salud.

Además, aseguran que el exalcalde tampoco cumpliría con el tiempo mínimo de experiencia profesional exigido para el cargo. De acuerdo con el recurso, incluso contabilizando su paso por la Alcaldía de Medellín, solo alcanzaría 46 meses de experiencia relacionada, lejos de los 84 meses requeridos.

“El señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad”, se lee en la demanda admitida por el alto tribunal.

Pese a admitir el recurso para su estudio, el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de Quintero mientras avanza el proceso judicial. La corporación explicó que aún no existen suficientes pruebas ni antecedentes administrativos que permitan determinar si efectivamente incumple los requisitos legales para el cargo.

Según el auto judicial, tanto Daniel Quintero como el ministro de Salud y el presidente de la República fueron notificados formalmente del proceso y podrán presentar sus argumentos ante el tribunal.

La decisión ha generado fuertes reacciones políticas en Medellín, especialmente entre sectores críticos del exalcalde y del Gobierno nacional.