Una nueva controversia golpea a la Unidad Nacional de Protección (UNP) luego de que se conociera una denuncia sobre un escolta que habría permanecido más de seis meses sin cumplir funciones, mientras continuaba recibiendo salario y generando cobros mensuales al Estado.

El caso involucra a John Freddy González, quien inicialmente fue asignado al esquema de seguridad del ministro de Justicia. Sin embargo, según la información conocida, el funcionario no fue recibido por el protegido y posteriormente habría permanecido sin funciones durante varios meses.

De acuerdo con la denuncia, ni el escolta ni los responsables de la coordinación informaron oportunamente a la UNP sobre la situación, lo que permitió que continuaran los pagos relacionados con su vinculación laboral.

Según los reportes, el costo mensual facturado al Estado rondaba los 14 millones de pesos, incluyendo salario, parafiscales, armamento y gastos administrativos. De esa suma, aproximadamente siete millones de pesos correspondían directamente al sueldo del escolta.

Durante una revisión interna realizada por la empresa contratista encargada de prestar el servicio de protección, se detectó la presunta irregularidad. Posteriormente, el escolta fue citado a una diligencia de descargos, pero no asistió y presentó su renuncia.

La UNP confirmó que tuvo conocimiento del caso recientemente y señaló que ni el escolta ni el protegido informaron a tiempo sobre la situación. La entidad anunció procesos disciplinarios, acciones jurídicas y la exigencia de reintegro de los recursos públicos que habrían sido pagados de manera indebida.

Además, directivos de la Unidad Nacional de Protección advirtieron que este podría no ser un caso aislado y que actualmente se revisan otras situaciones similares dentro de los contratos de protección.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades y establecer si existieron fallas en los mecanismos de control y supervisión de los esquemas de seguridad.