
La plenaria del Senado de la República de Colombia aprobó en último debate un proyecto de ley que busca transformar el sistema de licencias de conducción en el país mediante un modelo basado en puntos, una metodología que ya funciona en diferentes naciones y que busca promover una conducción más responsable.
La iniciativa establece que cada conductor contará inicialmente con 26 puntos, los cuales se reducirán de acuerdo con la gravedad de las infracciones de tránsito cometidas. Según el texto aprobado, las faltas leves podrían representar descuentos de aproximadamente cuatro puntos, mientras que infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, podrían implicar la pérdida de hasta diez puntos.
Uno de los principales cambios propuestos es que la pérdida total de los puntos tendría consecuencias directas sobre la vigencia de la licencia de conducción.
El proyecto, promovido por el senador Julio Alberto Elías, contempla que quienes agoten la totalidad de sus puntos enfrentarán sanciones progresivas. La primera pérdida total ocasionaría una suspensión de la licencia por nueve meses; una segunda reincidencia generaría una suspensión de un año; y una tercera pérdida total llevaría a la cancelación definitiva del permiso para conducir.
La propuesta también incorpora medidas especiales para los conductores que obtengan su licencia por primera vez. Durante el primer año estarán sujetos a un periodo de prueba en el que deberán demostrar un comportamiento adecuado en las vías para acceder a la licencia plena.
En caso de cometer infracciones durante ese periodo inicial, los conductores novatos podrían enfrentar restricciones relacionadas con los límites de velocidad, el número de pasajeros autorizados y la obligación de portar una identificación visible, además de una ampliación en el tiempo requerido para obtener la licencia definitiva.
Aunque el proyecto ya recibió la aprobación del Senado, todavía deberá surtir el proceso de conciliación entre las cámaras legislativas y posteriormente obtener la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República.
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