Un nuevo debate jurídico y político ha surgido tras las revelaciones de que la magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Velásquez, habría actuado como apoyo electoral en los escrutinios tras las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, donde fue elegida la actual bancada del Congreso.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, ha solicitado a la Procuraduría investigar este caso al considerar que la magistrada no informó esta situación antes de votar un pliego de cargos relacionado con la campaña presidencial de Gustavo Petro. «La Procuraduría debe entrar a investigar. En estos casos el petrismo no dice nada, no deslegitima al CNE por el caso de su magistrada», afirmó Cabal.

Por su parte, Velásquez ha negado haber sido testigo electoral y aseguró que su rol se limitó a apoyar actividades de escrutinio tras los comicios. «Lo único que recibí fue un apoyo para transporte, para actividades posteriores a la elección relacionadas con escrutinios», explicó, enfatizando que no estaba obligada a declarar impedimento ante la Sala Plena del CNE.

El caso ha generado un intenso debate entre juristas. Algunos consideran que no era necesario que Velásquez se declarara impedida, mientras que otros argumentan que, por razones éticas y de transparencia, debió informar a sus colegas en el organismo electoral para determinar si podía participar en las votaciones relacionadas con el Pacto Histórico.

El Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de investigación presentada por la senadora Cabal.