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La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y también exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
González, que se encuentra prófugo desde mayo de 2024, fue señalado como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según las autoridades, se presume que permanece en Nicaragua, donde buscó formalizar su residencia.
De acuerdo con la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2023, González habría instruido al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para pagar sobornos con recursos de la entidad a los entonces presidentes del Congreso:
Ambos ya están detenidos por este mismo escándalo.
Según el escrito de acusación:
Los recursos provenían del contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua en comunidades indígenas de La Alta Guajira.
La acusación se conoce pocos días después de que la Fiscalía anunciara imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), a quienes se les atribuyen los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos y cohecho.
El caso también involucra a exfuncionarios de la Presidencia, asesores, contratistas y operadores políticos.
Documentos diplomáticos revelan que la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitaba la residencia de González desde noviembre de 2024.
El mismo día en que fue imputado, el 21 de mayo, se aceleraron gestiones consulares para asegurar su permanencia en ese país.
La Fiscalía solicitó circular roja de Interpol el 4 de julio, pero solo hasta el 22 de septiembre fue emitida oficialmente, activando alerta internacional por su captura.
Con el radicado del escrito de acusación, el proceso formal entra en etapa de juicio. González permanece fuera del alcance de la justicia colombiana, mientras el caso sigue escalando y comprometiendo a varios sectores del Gobierno anterior.
