El Gobierno colombiano autorizó el inicio de acercamientos exploratorios con la banda criminal La Inmaculada, estructura que ha sembrado temor en Tuluá y el norte del Valle del Cauca. La decisión quedó formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 5 de diciembre, reveló el diario El Tiempo.

El documento faculta a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para adelantar contactos preliminares con esta organización criminal, liderada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, quien además enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Según la información conocida, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, y dos funcionarios más quedaron delegados para desarrollar esta etapa inicial bajo estricta confidencialidad y siguiendo las directrices de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Uno de los puntos más sensibles del proceso es la condición que habría puesto ‘Pipe Tuluá’ para avanzar hacia un diálogo formal: ser trasladado a una cárcel en el municipio de Tuluá. El cabecilla sostiene que desde allí podría facilitar la entrega de armas y de jóvenes reclutados por la organización.

Lemus confirmó la existencia de esa solicitud, pero aclaró que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. También fue enfático en señalar que la extradición del cabecilla no ha sido suspendida y continúa su trámite normal.

Por su parte, la abogada de Marín Silva, Angélica Martínez, aseguró que el componente de paz debería primar sobre la extradición, argumentando que permitiría a las víctimas conocer la verdad y evitar su revictimización. No obstante, desde el Gobierno se insiste en que el proceso apenas se encuentra en una fase exploratoria.