Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, denunció a través de su defensa un presunto trato desigual y falta de garantías en el proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Hasta el momento, es la única mujer privada de la libertad dentro de este caso.

Según su equipo jurídico, Ortiz se ha convertido en el “eslabón más débil” de la investigación adelantada por la Fiscalía, que le imputó los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, cargos de los cuales la exfuncionaria se ha declarado inocente.

Los reclamos quedaron consignados en una carta enviada a la Fiscalía, en la que se denuncia la falta de notificación oportuna de citaciones y audiencias, incluidas aquellas relacionadas con la ampliación de la medida de aseguramiento que mantiene a Ortiz en prisión.

La defensa también sostiene que la exconsejera participó en un acercamiento judicial en el que entregó una matriz de colaboración construida con información extraída de su propio celular, bajo el acompañamiento de investigadores y fiscales. Sin embargo, aseguran que, tras obtener los datos que buscaba el ente acusador, no se concretó ningún acuerdo y la información privada no ha sido devuelta.

Además, cuestionan un presunto trato desigual frente a otros implicados en el caso, como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, para quienes la Fiscalía ha solicitado detención domiciliaria y ha permitido diligencias virtuales, mientras que Ortiz permanece recluida y debe comparecer de manera presencial.

“La Fiscalía trata a los máximos funcionarios como ciudadanos de primera y a Sandra Ortiz como una ciudadana de segunda”, sostiene la defensa en el documento revelado por Revista Semana.

Ortiz continúa privada de la libertad mientras avanza un proceso marcado por tensiones entre los acusados y versiones contradictorias. Las audiencias preparatorias de su juicio están programadas para febrero del próximo año.