La Procuraduría General de la Nación avaló la solicitud de detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, dentro del proceso penal que se adelanta por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El concepto fue emitido el 15 de diciembre de 2025 y respalda la petición presentada por la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la medida resulta necesaria para proteger el desarrollo de la investigación.

Según el procurador delegado, aunque los exfuncionarios ya no ocupan cargos oficiales, mantienen una influencia política significativa que podría incidir en funcionarios, contratistas o personas que aún no han sido formalmente vinculadas al proceso. Por ello, se consideró que la detención en su lugar de residencia, con restricción de visitas y comunicaciones, es una medida adecuada.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con la Fiscalía, los exministros habrían integrado y liderado un entramado criminal destinado a desviar contratos de la UNGRD y del Invías para ofrecérselos a congresistas, con el propósito de asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno.

El ente acusador sostuvo que se comprometieron 79 proyectos, por un valor aproximado de $612.000 millones, aunque solo siete de estos se habrían materializado. En particular, se señaló que Velasco habría gestionado contratos para impulsar la reforma pensional, mientras que Bonilla habría ordenado la asignación de al menos tres contratos por $92.000 millones, destinados a municipios como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.

El proceso continúa en manos de la justicia, mientras se definen las decisiones de fondo sobre la responsabilidad de los exfuncionarios.