El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes son investigados por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión se fundamentó en la consideración de que ambos exministros podrían representar un riesgo para el desarrollo de la investigación, debido a la relevancia de los cargos que ocuparon y su capacidad de influencia dentro de escenarios institucionales, lo que podría derivar en presiones indebidas sobre testigos, funcionarios o elementos probatorios.

Durante la diligencia, la magistrada explicó que el material probatorio aportado por la Fiscalía permite inferir la posible existencia de una empresa delictiva con vocación de continuidad, que se habría desplegado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo que coincide con el tiempo en el que los exfuncionarios ejercieron sus cargos.

“La urgencia de la medida no se sustenta en una fuga inminente, sino en la necesidad de evitar la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propias de esquemas de corrupción de alta complejidad”, sostuvo la magistrada.

El Tribunal destacó que, de manera preliminar, se evidencian roles definidos, objetivos claros y reiteración de conductas, elementos que satisfacen los requisitos objetivos y subjetivos del delito de concierto para delinquir. Asimismo, precisó que los hechos investigados no pueden ser amparados bajo el principio de colaboración armónica entre instituciones ni presentados como actividad política legítima.

Frente a los argumentos de la defensa, orientados a controvertir la imputación, la magistrada señaló que, en esta etapa procesal, estos no logran desvirtuar la inferencia razonable construida por la Fiscalía, la cual se encuentra respaldada por elementos materiales probatorios que calificó como “sólidos, coherentes y convergentes”.

El Tribunal aclaró que la valoración realizada corresponde exclusivamente a la fase de definición de la medida de aseguramiento y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los exministros.