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La familia de Rosa Elvira Cely desmintió públicamente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella luego de que este asegurara que la Ley Rosa Elvira Cely representa una prueba de su defensa a las mujeres en Colombia.
La controversia surgió después de que De La Espriella publicara un mensaje en redes sociales en el que afirmó que había impulsado dos importantes leyes relacionadas con víctimas de violencia: la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely.
“Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, escribió el candidato presidencial.
Sin embargo, Adriana Cely, hermana de la víctima, rechazó esas afirmaciones y aseguró que el abogado nunca participó realmente en la construcción de la ley que tipificó el feminicidio en Colombia.
“Miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio (…) Jamás, jamás en la vida, ese señor tuvo nada que ver en eso. Él nunca aportó una sola palabra”, afirmó Adriana Cely en declaraciones entregadas al diario El País de España.
Aunque reconoció que De La Espriella acompañó gratuitamente el proceso penal contra Javier Velasco Valenzuela, condenado a 48 años de prisión por el feminicidio de Rosa Elvira, señaló que la construcción del caso judicial y la recopilación de pruebas fueron realizadas principalmente por la familia.
“Ellos apoyaron el caso, no hay duda, pero todas las pruebas las recogimos nosotras”, aseguró.
Adriana Cely también afirmó que durante el proceso judicial nunca se sintió cómoda con el abogado y señaló que su madre habría sido maltratada verbalmente por él.
“Cuando ella, desde su dolor y conocimiento, daba su punto de vista, él la ninguneaba y la hacía sentir menos”, sostuvo.
Además, acusó al candidato presidencial de incumplir promesas relacionadas con ayudas económicas y procesos de reparación para la familia de la víctima.
El caso de Rosa Elvira Cely marcó un punto de quiebre en Colombia frente a la violencia contra las mujeres.
El feminicidio ocurrió en 2012 y generó una fuerte conmoción nacional que impulsó posteriormente la creación de la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo en el país.
En agosto de 2023, un juzgado de Bogotá declaró responsable administrativamente a varias entidades estatales, incluida la Fiscalía General de la Nación, por fallas que permitieron que Javier Velasco permaneciera libre pese a registrar antecedentes por violencia sexual.
El fallo determinó que existieron omisiones graves en la investigación de procesos previos contra el agresor.
La polémica ocurre además en medio de recientes críticas contra Abelardo De La Espriella por comentarios considerados sexistas hacia periodistas durante la actual campaña presidencial.
