Menu
Los desplazamientos, realizados mientras ejercía funciones en el Ministerio del Interior, costaron más de $213 millones en combustible.
La Contraloría General de la República concluyó que Juliana Guerrero, quien se desempeñó como funcionaria del Ministerio del Interior, realizó uso injustificado de aeronaves de la Policía Nacional para desplazamientos hacia la Universidad del Cesar, sin que existiera una relación directa con sus responsabilidades en esa cartera.
El organismo de control estableció la existencia de hallazgos fiscales tras detectar que Guerrero realizó cinco trayectos en helicópteros institucionales, cuyo costo en combustible ascendió a cerca de 213 millones de pesos, afectando recursos públicos y generando lo que la entidad definió como una actuación “ineficiente y antieconómica”.
En el documento, la Contraloría señala que, aunque existía autorización ministerial, el propósito de los desplazamientos no se ajustaba a la misión institucional del Ministerio del Interior. La asistencia a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) fue considerada una actividad ajena a las funciones oficiales de Guerrero.
“La finalidad de los vuelos no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio, lo que generó un menoscabo al presupuesto público y un daño patrimonial al Estado”, indicó la entidad.
El caso tomó relevancia luego de la denuncia penal interpuesta por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien acusó a Guerrero de peculado por uso. Según la denuncia, la exfuncionaria utilizó un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asistir a deliberaciones del órgano directivo de la UPC en junio pasado, desplazándose incluso en compañía de familiares.
Briceño sostiene que los viajes no tenían relación alguna con su agenda oficial y que el objetivo habría sido influir en decisiones internas de la universidad, entre ellas una posible reforma que impediría la reelección inmediata del rector.
Guerrero, por su parte, afirma que actuó como delegada del presidente ante la institución universitaria y que sus desplazamientos estaban amparados por tareas asignadas por el ministro. Negó cualquier participación en intentos de intervenir en la autonomía universitaria y aseguró que parte de su trabajo está amparado por reserva.
Aunque reconoció haber realizado varios viajes bajo el convenio entre el Ministerio y la Policía Nacional, negó que estos tuvieran un propósito ajeno a sus funciones.
Mientras la Procuraduría adelanta un proceso disciplinario y la denuncia penal continúa su trámite, la Contraloría ya estableció que los desplazamientos representaron un uso injustificado de bienes del Estado que deberá ser esclarecido en las instancias correspondientes.
