El Consejo Nacional Electoral analiza dos denuncias presentadas contra la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro por presuntos actos políticos realizados en medio de las restricciones electorales previas a las elecciones presidenciales de 2026.

Las quejas, conocidas inicialmente por Caracol Radio, hacen referencia a encuentros desarrollados en Sincelejo y Arauca durante los últimos días, pese a las limitaciones establecidas en el decreto 0188 de 2026 expedido por el Gobierno Nacional.

La primera denuncia fue presentada por el ciudadano Santiago Arango y señala un evento realizado en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, en Sincelejo.

Según el documento radicado ante el CNE, en ese lugar se habría llevado a cabo un encuentro político en medio de las restricciones que rigen desde una semana antes de la primera vuelta presidencial.

La segunda denuncia fue interpuesta por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo y está relacionada con actividades políticas adelantadas el pasado 27 de mayo en Arauca.

De acuerdo con la queja, videos y capturas de pantalla evidenciarían la continuidad de actividades proselitistas cercanas a la jornada electoral.

Aunque Iván Cepeda no habría asistido personalmente al evento de Arauca, los denunciantes aseguran que durante la actividad sí se difundió publicidad política relacionada con el candidato y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

Las críticas aumentaron tras la circulación de un video grabado durante un encuentro en Montería, donde el candidato aseguró que algunas de las reuniones cuestionadas correspondían a espacios internos de coordinación política.

“Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”, expresó Cepeda durante una de las actividades.

Desde la campaña podrían argumentar que se trataba de reuniones privadas y no de actos públicos de campaña, mientras sectores críticos consideran que la masividad de algunos encuentros podría representar una vulneración de las restricciones electorales.

Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá determinar si los hechos denunciados son de su competencia o si corresponden a las autoridades territoriales encargadas de aplicar las medidas de orden público.